México es más inseguro que hace un año… y se siente

El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su primer informe de gobierno con una administración que no ha logrado romper la inercia que encontró en materia de inseguridad. Los indicadores que miden la inseguridad señalan que ésta se ha incrementado, lo cual se refleja en la percepción de los mexicanos.

De acuerdo con el informe denominado “Organized Crime and Justice in Mexico(Crimen organizado y justicia en México)”, del programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego, en colaboración con la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la Universidad Autónoma de Puebla, publicado en abril de 2019, México es considerado el segundo país con mayor crecimiento de homicidios en el mundo, sólo superado por Brasil.

Según los reportes de la tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde 2014 se registra una tendencia a la alza en ese indicador, el cual pasó de 12.96 a 21.15 en 2018.

Esa situación contrasta con la tasa de extorsión que sí ha bajado. Pasó de 6.94 casos en 2013 a 4.45 en 2018. En tanto el secuestro se ha mantenido prácticamente estable en ese lapso. En 2013 el registro era de 1.43 por cada 100,000 habitantes y en 2018 fue de 0.71.

La incidencia delictiva, que mide el número de carpetas de investigación abiertas, se ha mantenido entre enero de 2018 y julio de 2019 en el rango de entre 160,000 y 180,000. En julio de 2018 era de 162,841 y en julio de 2019 fue de 174,456.

En tanto, la percepción de la inseguridad, también se mantiene en niveles similares, si se considera la última parte del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y los primeros seis meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, a partir de junio de 2016, se observa una ligera tendencia a la alza. En ese mes, 70% de la población de más de 18 años consideraba que vivir en su ciudad era inseguro.

A junio de 2019, 73.9% de los mexicanos se sentía inseguro en el lugar donde vive.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en julio de 2019, 78.7% de las mujeres mayores de edad se sentían inseguras y 68.2% de los hombres estaban en esa situación.

Lo que refleja el último reporte no representa un cambio estadísticamente significativo respecto de marzo de 2019, pues durante ese mes 73.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Las ciudades con mayor porcentaje con personas de 18 años o más que consideraron que vivir en su localidad es inseguro fueron Naucalpan de Juárez y Ecatepec de Morelos, Estado de México;  Coatzacoalcos, Veracruz; Villahermosa, Tabasco;  Tapachula, Chiapas y Uruapan, Michoacán con 94.0, 97.4, 94.3, 92.4, 92.3 y 88.9%, respectivamente.

El mismo reporte señala que 84.5% de la población tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública y de ese universo, 15.5% experimentó algún acto de corrupción.

Asimismo, refiere que la delincuencia es considerada por los mexicanos como el segundo problema más importante en su ciudad.

Gobierno descalifica al trabajo del pasado, pero continúan mismas practicas

Para tratar de generar condiciones de seguridad en el país, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP). Además, delineó sus líneas de acción en la materia en el apartado denominado “Justicia y Estado de Derecho” del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Según el análisis “Cimientos de las políticas de seguridad: primeros pasos y tareas pendientes”, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), el diagnóstico general de la actual administración se presentó como un justificante de un aparente cambio de paradigma en la política de seguridad: cumplir con la exigencia social.

Refiere que se presenta de manera negativa a los gobiernos anteriores minimizando y simplificando las estrategias implementadas por los gobiernos federales durante las administraciones de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, ese organismo detectó similitudes entre el sexto informe de gobierno del presidente Peña Nieto y el PND, en aspectos como la regionalización de la política de seguridad, la participación de las fuerzas federales, el uso de inteligencia, la transformación de la práctica o sistema penitenciario, la atención y reconstrucción del tejido social, la atención al consumo de drogas, así como la implementación de medidas contra el lavado de dinero.

Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno, el encabezado por el presidente Andrés López Obrador, fue modificar la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con ello sacar a la Policía de la secretaría de Gobernación, como estaba en el diseño institucional del gobierno del presidente Peña Nieto.  El otro cambio importante fue la creación de la Guardia Nacional.

En el análisis “Gasto Público en seguridad. Una mirada a la ruta de los recursos, el ONC y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), plantean que México cuenta con aspectos institucionales de diferentes modelos, cuestión que representa desafíos legales y regulatorios en cuanto al seguimiento de la política nacional de seguridad Pública.

Además, concluyen que el gobierno no cuenta con una estrategia específica de seguridad.

México destina 0.96% de su PIB a seguridad; el promedio de la OCDE es de 1.7%

En cuanto a la disponibilidad de presupuesto para las acciones de seguridad, de acuerdo con el ONC, existe una atomización de programas presupuestarios para cumplir con los objetivos, ya que en 2019 se identificaron 120 programas; sin embargo, los recursos se concentran solamente en seis de ellos.

En el análisis citado del ONC y el CIEP, se destaca que actualmente se gasta 0.96% del PIB en seguridad Pública y solo 14% va a prevención.

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se gasta un promedio de 1.7% del PIB en Seguridad.

En cuanto al combate, el gasto se concentra principalmente en las fuerzas armadas; sin embargo, la mayor cantidad de recursos se van a impartir justicia y los concentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los temas de derechos humanos y búsqueda de personas, tanto en prevención como en justicia cuentan con recursos menores comparados con los programas destinados a combatir el crimen.

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